La ADC trabaja en la defensa de aquellos derechos que se encuadran en su agenda institucional, accionando tanto a través de reclamos legales como administrativos. De los casos que llegan a la ADC, se seleccionan aquellos que son representativos de afectaciones sistemáticas de derechos, procurando generar un efecto demostración que permita impulsar cambios en la justicia y, por ende, en la sociedad.



Otro aspecto clave de nuestro trabajo se relaciona con la vulneración de derechos que ponen en riesgo la consolidación de nuestra vida democrática como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública o el derecho al voto.



En ambos contextos es donde el aporte de la ADC, focalizado en el derecho como herramienta de interés público, cobra sentido.